Lo político por encima de lo jurídico

Superando desprolijidades y titubeos iniciales, la Cámara de Diputados logró los votos necesarios para formular acusación contra tres Ministros de la Corte Suprema de Justicia.-

Todas las interrogantes que se presentaban, y que aún subsisten, han quedado sin respuesta. Ningún parlamentario asumió la responsabilidad de explicar a la sociedad el “criterio” de selección de aquellos que merecían ser separados del cargo, ni – por el contrario – cuáles eran los “méritos” atribuidos a quienes permanecerían en sus cargos. Tampoco se expusieron ante la sociedad las “causales” que integrarían la acusación formulada en perjuicio de aquellos.-

Los “candidatos” a Juicio Político eran originalmente cuatro. Dos de extracción colorada y dos liberales. Uno de los primeros, luego de afirmar que continuaría en el cargo hasta que Dios lo determinara, y calificar el Juicio Político como un circo, optó por desoír el mandato divino y procedió a presentar renuncia.-

Posteriormente, sin importar en lo más mínimo la naturaleza jurídica del procedimiento iniciado con la remisión de la acusación a la Cámara de Senadores, sus integrantes, en contra de toda lógica y las más elementales reglas del derecho, derivaron la cuestión a comisiones. Un trámite no previsto en la Constitución.-

La segunda parte del artículo 225 de la Constitución establece los lineamientos generales del procedimiento que debe seguirse en la tramitación del Juicio Político, señalando que “…Corresponderá a la Cámara de Senadores, por mayoría absoluta de dos tercios, juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados…”, de lo que se desprende que el Senado carece de facultades para adelantar su estudio, por ningún motivo, ni siquiera para rechazarla in limine litis por cuestiones de orden formal o de cualquiera otra naturaleza.-

Pero, incumpliendo la manda constitucional, el Senado ha dado “largas al asunto”, cuando se percataron que no contaban con los votos necesarios para sellar la suerte de los enjuiciados, de modo a ganar tiempo para iniciar todo tipo de negociaciones que pudiera modificar el panorama que – a la fecha – se presenta.-

En medio de todo esto, el Senador Silvio “Beto” Ovelar, junto con otros miembros de la Cámara Alta, formuló declaraciones adelantando su “criterio” respecto al tema.-

El citado legislador sostuvo en representación de un grupo de 18 senadores, que no “acompañarán” el Juicio Político a los tres Ministros de la Corte, aclarando que están de acuerdo con la instauración del procedimiento de responsabilidad a todos los Ministros que tienen causales de enjuiciamiento, y no solo para tres o cuatro de ellos, y justificó la posición adoptada al expresar su “preocupación” por “…la forma irresponsable y autoritaria de promover el juicio político…”.-

Posteriormente, mediante declaraciones por medios radiales, el mismo Ovelar sostuvo que la postura asumida constituía un mensaje para el Presidente de la República, denunciando – igualmente – que durante las gestiones previas, a su bancada, no se le dio participación en las discusiones y negociaciones.-

La posición del Senador Ovelar y sus acompañantes en este tema, merece varias consideraciones y críticas de carácter estrictamente jurídico, ya que desde el punto de vista político, luce evidente, que todo está permitido, o por lo menos tolerado.-

Desde el punto de vista jurídico, lo que este grupo de Senadores plantea, es influir o presionar a la otra Cámara del Congreso para que modifique y amplíe la acusación, o cuando menos, incluya a otros Ministros, en clara demostración de injerencia en las facultades privativas y excluyentes de la Cámara de Diputados.-

Desde esta misma óptica, se pretende que sus votos a favor de la absolución o condena, constituyan moneda de cambio o mercadería negociable, con el propósito de obtener posiciones o beneficios políticos.-

Para procurar la obtención de sus objetivos ya han adelantado el sentido de sus votos, sin siquiera conocer los cargos formulados contra los Ministros acusados, expuestos en el documento aprobado por la Cámara de Diputados, cuya difusión no se ha producido aún por “falta de papeles” para obtener sus copias.-

No caben dudas que al Senado de la Nación, incluyendo a Ovelar y sus acompañantes, no interesa en absoluto las consideraciones de carácter jurídico sobre este asunto. Han privilegiado las cuestiones de naturaleza política, y lo más llamativo de todo esto, es que muchos de ellos se escandalizaban y manifestaban sus críticas hace poco más de dos años atrás, cuando el Presidente del Uruguay, José Mujica afirmaba que lo político está por encima de lo jurídico, para justificar la sanción impuesta por el Mercosur al Paraguay, luego de la destitución del entonces Presidente Fernando Lugo, por vía del Juicio Político.-

La verdad sea dicha, tanto en aquella oportunidad, como en esta, el “criterio” de hacer prevalecer lo político sobre lo jurídico, es un grueso error, si pretendemos que todos por igual, gobernantes y gobernados ajustemos nuestras conductas a las reglas impuestas por las leyes y el derecho.-

Jorge Rubén Vasconsellos